Tríada para la igualdad


El Derecho. El acceso a la información

Miles de veces hemos escuchado girar largas conversaciones sobre brecha digital. Que hay que proveer importantes grados de información, que el derecho a la información es un derecho inherente al ciudadano, ¿podríamos decir un derecho humano?

El Estado argentino es responsable y guardián de educar al soberano y esto, más allá de la importancia de la educación, conlleva un fuerte componente de formación e información.

En otras épocas toda la información se concentraba y generaba en los centros de poder del mundo, produciendo una visión parcial de los hechos cotidianos en la vida de las personas, y que podríamos llamar “La Historia Oficial” o, como fue llamada durante siglos: Cultura.

Hoy las tecnologías de la información han alcanzado un grado tal de popularidad, lamentablemente no podemos llamar socialización, que la producción de contenidos se ha masificado generando una “contracultura” fácil de conseguir y diseminada en miles de terabytes disponibles en Internet.

¿Por qué exponemos el ejemplo de contracultura? Porque hasta hace poco sólo podíamos escuchar una canción de los intérpretes consagrados, los que fueron publicados por la cultura oficial. Pero hoy podemos escuchar miles de canciones de autores no publicados por la cultura oficial, sino por ellos mismos generando un marco contracultural riquísimo para las generaciones futuras.

La popularidad de las TI aportan a una concepción más completa de la cultura, de la información, específicamente, del conocimiento y el saber. Esto ha hecho que se vuelva imprescindible generar la infraestructura necesaria y fomentar su acceso a para que la ciudadanía argentina aprehenda este conocimiento.

Las Empresas. El interés económico

A partir de la década del ’90, y en el marco de la reforma del Estado, las telecomunicaciones están en poder de empresas privadas internacionales. La infraestructura de telecomunicaciones de medio país está en manos de una empresa y el resto en manos de otra.

La empresa privada tiene como fin el lucro y no el bien social.

El régimen de inversiones en telecomunicaciones de estas empresas se basan en factores como la mayor densidad poblacional, la posición socioeconómica de los habitantes de la zona y otros elementos, muy razonables desde lo económico pero poco útiles para la inclusión social.

Por ese motivo, es fácil notar que las empresas no brindan los mismos servicios en una zona que en otra, generando desigualdades que chocan con los principios de universalidad.

Podríamos afirmar que más allá de los grandes centros urbanos y sus respectivas periferias es bastante acotada la presencia de las telecomunicaciones en un país tan amplio territorialmente como el nuestro.

Amplios zonas geográficas del país tienen poca o nula comunicación y consideramos que más allá de cómo se estructure la parte técnica es responsabilidad del Estado nacional brindar esa cobertura.

El Estado. El interventor

El Estado nacional y los Estados provinciales son los principales consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Las ventas de este recurso al sector público oscilan entre el 24% y el 27% de la facturación anual de las empresas del sector.

Si esas compras del sector público fueran hechas en conjunto, por una empresa o ente nacional, a tarifas diferenciales por volumen, producirían una importante reducción de costos para el Estado. A su vez, esos beneficios económicos podrían ser volcados en planes de telefonía social e Internet accesibles para todos a un bajo costo comparativo, gracias las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información en la actualidad.

Fenómenos como telefonía digital, servicios multimediales, televisión digital y otros alcanzarían a los sectores menos favorecidos de nuestro país ya sea por situaciones geográficas o económico sociales.

Incrementar la presencia del Estado en los sectores donde la empresa privada no apoya o no invierte sería una forma de universalizar el derecho a la información. Aportando la infraestructura allí donde no estaba y llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho a la información.

Asumiendo así una forma más acabada y actual del derecho a la educación.

Consideramos que dadas las razones precedentes es hora de tomar intervención en el tema comunicaciones generando un ente o empresa nacional que arbitre los medios necesarios y de cuerpo a la universalidad de este derecho ciudadano.

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4 respuestas a Tríada para la igualdad

  1. rafasb dijo:

    Me ha gustado mucho el artículo, me parece que refleja una problemática que será en breve una característica fundamental de las diferencias sociales. Solo me surge una duda. Cuando dices que sería conveniente la “mayor presencia del estado” en las regiones que no resultan rentables para las empresas de telecomunicaciones, ¿te refieres realmente a que el estado entre en el mercado o que mediante normas, leyes y regulaciones del sector fuerce la creación de infraestructuras?.
    De la lectura de tu artículo entiendo que sugieres la entrada del estado en el mercado, pero supongo que sólo para las zonas no rentables. Esto conllevaría, para que resultara sostenible, un incremento obvio de los ingresos por vías diferentes al pago de los servicios prestados en estas zonas. ¿Serían impuestos generales, o impuestos sobre el sector?. Los impuestos sobre el sector generarían un menor margen de beneficios para las empresas, y por tanto un incremento de las zonas no rentables.
    Por otro lado, ¿puede el estado ser un mejor gestor de infraestructuras de telecomunicaciones que las empresas?. Las empresas públicas y de capital público llevan una carga de circunstancias que no viene al caso mencionar, que las convierten en menor eficientes que las empresas del sector privado.
    Desde mi punto de vista hay dos alternativas:
    1.- La escogida por la UE que consiste en introducir un marco regulatorio que fuerce a las empresas a realizar las inversiones en estas zonas no rentables.
    2.- Que el estado asuma un papel de base en la creación de infraestructuras, es decir, que asuma la creación y mantenimiento de las infraestructuras más básicas, no solo en las zonas menos rentables, sino también en las más rentables, para poder compensar los costes, mediante el arrendamiento de las infraestructuras, a las empresas del sector, que solo se encargarían de mantener las infraestructuras de capa superior y vender los servicios.

    • CDTEL Telecomunicaciones Argentina dijo:

      El artículo está bien orientado a que el Estado tiene que hacerse cargo de proveer a todos los ciudadanos la solución donde los Operadores no se las provee, como en las regiones que no resultan rentables para las empresas de telecomunicaciones, zonas de riesgo (barrios muy bajos, villas) donde se roba el cableado. Por lo cual hay que pensar en darle una solución en lo mediato. Esto existe y se lo adjudican varios como “TELEFONÍA SOCIAL” como sería la puesta en funcionamiento de esto? Este sería el debate.
      Por otro lado no nos podemos poner en situación como se expresa de introducir un marco regulatorio como realizó la UE, por las distintas situaciones comparativas a la UE como que hay varios Operadores para elegir quien me da el servicio por ejemplo.
      También que el estado asuma un papel de base en la creación de infraestructuras, puede ser una buena idea. Por qué no hacer esto y que el Estado provea también el servicio constituyéndose en un Operador de Telecomunicaciones. Este sería el debate.

    • Claudio Sesto dijo:

      Gracias por tu comentario!!! Muy buenas las alternativas planteadas, las revisaré.

      El contexto del que hablamos es dentro del mercado de telecomunicaciones de la República Argentina. Una nación de gran expansión territorial -calculá que España ha de tener un tamaño similar a la provincia de Buenos Aires-, y con fuertes diferencias socio-económicas -alrededor del 40% de los trabajadores no tienen formalidad laboral-.

      El mercado en sí está dividido en dos grandes empresas Telecom y Telefónica. Luego de un proceso internacional de adquisiciones varias, Telefónica entró como parte del paquete accionario de Telecom lo que hizo que en la actualidad se esté debatiendo su posible abuso de posición dominante, en este marco el contexto cambia radicalmente.

      El proceso de privatización ejecutado en la década del 90, que imponía una importante cantidad de inversiones en infraestructura, fue ignorado sistemáticamente dejando grandes sectores sociales y zonales como perdedores definitivos del conflicto de intereses.

      En este documento se plantea como primera alternativa la creación de una empresa nacional de telecomunicaciones capacitada para actuar como mayorista frente a estas compañías. La compra de servicios (telefonía e Internet entre otros) para las reparticiones del sector estatal reduciría sustancialmente los costos, siendo parte de esta iniciativa volcarlas a brindar estos servicios a los sectores menos favorecidos.

      En lo que respecta al contexto tecnológico, hemos revisado alternativas y debemos adecuarlas a cada zona y lugar por la variable territorial, pero lo real es que las tecnologías son accesibles y relativamente cada vez más económicas. Todo esto sin desmerecer esfuerzos que han realizado nuestras Universidades en el desarrollo de investigaciones como las de Internet en las líneas de corriente eléctrica.

      Con respecto al tema de la gestión privada, al menos en la Argentina, ha dejado bastante que desear. Sobran casos de corrupción, deslealtad comercial y abusos de distinta índole para el consumidor y en muchos casos para todo país.
      Creo en un Estado vital e inteligente. Ni grande, ni chico, ni bobo. Capacitado para abarcar la cuestión pública con responsabilidad, seriedad y solidaridad.

  2. rafasb dijo:

    Esa es exactamente la idea que pretendía expresar.
    Si los estados no son capaces de establecer marcos reguladores y hacer cumplirlos de tal manera que los objetivos reales de los mismos se alcancen, la solución pasa por que el estado asuma las infraestructuras básicas de acceso a las redes. En este caso serán los operadores los que contraten al estado las infraestructuras de acceso. Esto a precios quizá diferenciales en función de las zonas que se pretendan desarrollar, permitiendo que el coste del servicio sea menor en las zonas donde es menos rentable, bien por densidad de población, bien por poder adquisitivo de la misma.
    No obstante la brecha digital tiene varias dimensiones (como he comentado en mi blog) es también imprescindible la formación y promoción con objeto de fomentar el uso de las TI en la vida cotidiana.

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