El Estado es uno solo


La inminente realización del Congreso Nacional de Administración Pública en San Juan, resulta el ámbito ideal para poner en un lugar central del debate los problemas de la Interoperabilidad de los Sistemas y las Bases de Datos de las Administraciones Públicas en todos sus niveles, sean estos municipales, provinciales o nacionales.

 

No es un tema tecnológico, sino una problemática profundamente social que involucra no sólo la viabilidad a futuro de los servicios públicos básicos, sino además la calidad de la gestión pública y su relación con los ciudadanos.

 

Y dado que el CNAP es un foro de madura tradición que convoca todos los niveles y tamaños de las administraciones públicas, parece pertinente que se atienda prioritariamente un tema que afecta a ese conjunto de manera específica, especialmente tomando en cuenta que la convocatoria al Congreso alude expresamente a la coordinación de los niveles, ya que se hace bajo el lema: “La Administración Pública y la Cuestión Federal: la red Nación, Provincias y Municipios”.

  

La red. De eso se trata, y para ser tal, necesita, en los tiempos que corren, de sistemas tecnológicos asociados que hagan realidad el paradigma de un Estado único.

 

 El sector público está pasando por una etapa de innovaciones y modernización en la gestión, entre otras cosas, impulsada por la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

 

 Como la era del ajuste fiscal parece pertenecer (hasta nuevo aviso) al pasado, y sin prejuicio de las restricciones que puedan venir derivadas del cataclismo financiero internacional, el Estado ha dispuesto, en los últimos 5 años, de fondos para incorporar infraestructura informática en sus administraciones.

  

Pero hay algo que se parece a un verdadero muro, que se ha construido imperceptiblemente, y que actúa como barrera para el cumplimiento de objetivos innovadores en materia de gestión gubernamental.

 

 Se trata de la indisponibilidad de datos que se generan en distintos niveles de las administraciones. Por ejemplo, los datos de identificación de las personas, que tienen además asociado el carácter de alta sensibilidad protegido por la Ley.

  

Pero lo cierto es que esos datos se generan en los Registros Civiles, provinciales y municipales de todo el país. Si ya resulta compleja la relación de los mismos con el Registro Nacional de las Personas, a quien la Ley asigna la emisión de los DNI, mucho mas compleja es esa relación con el resto del sector público.

 

¿Podemos otorgar beneficios previsionales sin acceso a esa información? ¿O acaso controlar debidamente los procesos tributarios sin la misma? ¿Y el resto de la seguridad social? ¿O los planes sociales y los vinculados con la promoción del empleo? Estamos mencionando los casos de servicios que son del ámbito nacional ya que dependen en este caso de información generada en niveles locales. Pero lo mismo sucede a la inversa, cuando las Provincias se ven con la imposibilidad de contar de manera fluida con la información que generan los organismos nacionales.

  

Pues la respuesta es que sí podemos dar esos beneficios. De hecho los damos. Pero debiéramos tomar conciencia de que lo podemos hacer porque hemos cambiado el rol de los ciudadanos argentinos, transformándolos en cadetes de la administración pública y alejándolos de su natural situación de “beneficiarios”.

 

 Los datos que una oficina pública genera, solo son incorporados por las restantes en procesos reiterativos donde el protagonista es el beneficiario, que es quien se ve obligado a “acarrear” esos datos en la forma de documentos, certificados y constancias de una ventanilla a la otra.

  

O acaso un jubilado que tiene concedido por ley de la Provincia de Buenos Aires la excensión del impuesto inmobiliario, con el sólo requisito de ganar la mínima y poseer un único inmueble cuyo valor no supere determinado monto, no debe peregrinar para conseguir el beneficio por el Registro Inmobiliario, ANSES, Catastro y Rentas de la Provincia? Cuantos meses lleva ese trámite? Cuanto cuesta? En tiempo y en dinero?

 

 La interoperabilidad es uno de los factores clave que puede derribar estas barreras, resolviendo la disparidad de diseño de bases de datos, motores de búsqueda y programas, y el proceso de agregación desordenada de la información.

 

 Pero aún de resolverse estas cuestiones técnicas, quedará el paso más complejo, que pasa por quebrar la cultura imperante en las burocracias “generadoras” de la información, que se resisten a compartirla bajo el principio de que la información es poder.

 

 No advierten suficientemente que “el poder”, si está en algún lado, es en el control del flujo de nueva información generada y su utilización para resolver las necesidades de los ciudadanos, mas que en la mera acumulación de un “stock” de información inútil.

  

Debemos hacer un esfuerzo enorme para revertir esta situación. Se trata, a fin de cuentas, de cumplir con uno de los roles del Estado, y es también la oportunidad para que la ciudadanía “sienta” que el Estado está finalmente de su lado.

  

La Secretaría de Gabinete y de la Gestión Pública de la Nación ha avanzado durante 2007 y 2008 en la búsqueda de estándares de interoperabilidad que permitan la construcción y reconstrucción de la información de modo provechoso para el estado y los ciudadanos.

  

Necesitamos una administración inteligente que les solicite una sola vez sus datos personales a los ciudadanos y que luego, compartiendo los mismos, sea capaz de otorgar automáticamente los beneficios que la Ley prevé.

  

Necesitamos que las ventanillas de captura de trámites sean vistas por los ciudadanos como una ventanilla única. No debemos exigir a la gente que sepa qué servicio es de origen o responsabilidad municipal, provincial o nacional.

 

 Esto permitirá simplificar los trámites, evitar la aglomeración de público en nuestras oficinas, mejorar la calidad de nuestros servicios públicos, tener mayor seguridad en la información, unificar sistemas de control de identidad en los procesos y evitar los fraudes.

 

 La interoperabilidad debe incluir por último un sistema unificado de control de claves de acceso a los sistemas. La clave tributaria debe ser aceptada por otros organismos distintos a la AFIP (que la emite) como identificación. Y lo mismo debe ocurrir con la clave de la seguridad social de ANSES o aquellas que están emitiendo las provincias.

  

No se trata de una emisión centralizada sino coordinada. Se trata de estándares de seguridad aceptados por todos y accesos controlados y seguros a las bases que permiten verificar la autenticidad de las mismas.

 

 El desafío es enorme, pero estamos seguros que valdrá la pena.

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Acerca de Pablo A. Fontdevila

Licenciado en Física de la Universidad de Tucumán y diplomado en “Globalización e Integración Regional” en la Georgetown University, Fontdevila es un profesional con una extensa trayectoria dentro de la gestión pública en posiciones de relevancia tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo así como en el legislativo. Aactualmente es Subdirector Ejecutivo de Planificación y Coordinación de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
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