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La semana pasada, durante la segunda jornada del Seminario Internacional INNOVAGRO organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llevé a cabo una presentación en la cual expuse la situación actual, los avances y las perspectivas futuras del Programa. El seminario que tuvo lugar en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina los días 21 y 22 de mayo.
El encuentro fue gestionado conjuntamente por la red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA en Argentina; el Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura – IICA oficina México; y la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce – COFUPRO de México. En esta edición, el objetivo fue debatir desde diversas disciplinas y en el marco de distintos paneles el eje “Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria”.
En mi intervención participé de un panel sobre Tecnologías e Innovación, del que también formaron parte Luis Fernando Palmer, quien dictó una ponencia sobre Información de Mercados Agrícolas de las Américas, y Johann van Rensburg, quien expuso acerca de los Imperativos para la Aplicación Innovadora de TIC´s, el Monitoreo y la Evaluación en zonas rurales.
Durante mi ponencia señalé que el Programa tiene como objetivo central la mejora de la calidad educativa pero, al posibilitar que los alumnos y los docentes puedan llevar las netbooks a sus casas, también invita a los beneficiarios a que compartan esta herramienta con los miembros de su familia o su comunidad. Esto es lo que permite verdaderamente que Conectar Igualdad tenga impacto sobre el conjunto de la sociedad. Que las netbooks estén presentes no sólo en la escuela sino también en el espacio público y en los hogares es un hecho que está generando importantísimos cambios, ya que permite que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se incorporen a la vida cotidiana de los habitantes de todos los puntos del país.
Además, destaqué la importancia de que el Programa permita la instalación de infraestructura de red en regiones rurales antes aisladas, y sostuve que este acceso a las nuevas tecnologías permite reducir efectivamente las brechas culturales entre sectores socioeconómicos y geográficos diversos. Por último, destaqué que hoy estamos orgullosos porque podemos afirmar que Conectar Igualdad es el programa gubernamental más grande del mundo en materia de educación 1 a 1.
Les dejo el link del artículo que escribí para la edición de Agosto de la revista CTS, una publicación iberoamericana sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Me convocaron para que cuente sobre la creación, los fundamentos, la puesta en marcha, las expectativas y los resultados del programa de inclusión digital de alcance federal Conectar Igualdad, del que soy Gerente Ejecutivo.
El miércoles participé del VII Foro Latinoamericano de Educación que organizó la Fundación Santillana con el patrocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Secretaría General Iberoamericana. Este año el eje temático fue “TIC y Educación: Experiencias y Aplicaciones en el Aula”.
Junto a María Inés Abrile de Vollmer, Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, Vera Rexach, responsable del área TIC y educación de la organización de estados Iberoamericanos (OEI-Buenos Aires) y Patricia Pomiés, responsable de la Gerencia TIC y Convergencia de Educ.ar S.E., expusimos sobre la experiencia del Programa Conectar Igualdad.
El programa representa para Argentina un desafío logístico nunca antes encarado en el ámbito de la educación. En menos de un año Conectar Igualdad va a superar en la cantidad de netbooks entregadas a Portugal que ya lleva 5 años implementando su programa de inclusión TIC en la educación bajo el modelo 1:1.
El jueves 3 de febrero de 2011 se realizó en el Salón Blanco del Ministerio de Educación de la Nación, el Primer Encuentro de Referentes Federales del Programa Conectar Igualdad.
En el marco de este encuentro, coordinado por la Viceministra de Educación de la Nación Lic. Maria Ines Vollmer, el Gerente Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad, Lic.Pablo Fontdevila, expuso el Plan General de Acción 2011 del CONIG en materia de Infraestructura, Logística y Servicios. Destacó en ese marco, la relevancia de los Ministerios de Educación provinciales para la concreción de un plan que abarca la Argentina en toda su extensión.
Columna de opinión que publiqué en el diario Tiempo Argentino el 27 de febrero de 2011.
Este Programa contempla mayor distribución de computadoras anunciada por gobierno alguno para proyectos educativos.
Nace con el objetivo de aportar su grano de arena para lograr la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes a partir de la incorporación al seno familiar de una herramienta que parecía inaccesible. Para lograrlo, esta iniciativa plantea enormes exigencias de logística y despliegue de redes escolares. La ANSES ya ha demostrado con la implementación de la Moratoria Previsional y luego con la Asignación Universal por Hijo, que tiene con qué hacer frente a tamaño desafío.
La búsqueda de inclusión social que guía a las políticas públicas actuales incluye reducir la brecha digital al sumar las TIC en el espacio escolar, familiar y, finalmente, en la comunidad.
Para ayudar a los docentes en este cambio los acompañamos con capacitaciones y propuestas de contenidos multimediales. De a poco, se comienzan a ver algunos avances en el aula. Como las mejoras significativas en la motivación, que está impactando en un crecimiento de la matrícula y multiplicado los regresos.
Pero además buscamos que se proyecte a la relación profesor-alumno, a la progresiva incorporación del trabajo colaborativo en red, a una mayor socialización de los conocimientos y desarrollar la multiplicación de saberes así como la creatividad aplicada al aprendizaje.
Al permitir que los chicos lleven la computadora a sus casas estimulamos a sus familias a descubrir el universo de conocimiento y creatividad. Conectar Igualdad busca formar sujetos responsables, con ganas de construir un país mejor, de ser protagonistas del cambio, de andar caminos que todavía no se han imaginado y por qué no, a mejorar la capacidad de uso de las próximas generaciones.
- Jorge Rodriguez Erneta, Diego Bossio y Pablo Fontdevila durante la entrega de netbooks en Villa Gesell
Diego Bossio, Director Ejecutivo de ANSES, junto a Pablo A. Fontdevila, Subdirector de Prestaciones de ANSES y Gerente Ejecutivo del Programa Conectar Igualdad, y Jorge Rodríguez Erneta, Intendente de Villa Gesell, participó de una nueva entrega de netbooks del Programa Conectar Igualdad a alumnos y docentes de la Escuela Polimodal Nº 1 de la ciudad. Hacia marzo de 2011, cuando se finalice la primera etapa del Programa, que hasta el momento lleva entregadas 341.419 computadoras portátiles, más de 521.000 alumnos de 1.893 escuelas secundarias, de educación especial e Institutos de Formación Docente de todo el país dispondrán de su netbook para acceder a un nuevo universo de conocimiento.
Por su envergadura, que implica una complicada logística de distribución que va de la mano de los cursos de capacitación docente, la implementación del programa finalizará en 2012 con la entrega de 3 millones de netbooks.
Contectar Igualdad surgió en el marco de la La Ley Nacional de Educación Nº 26.206, que instituye el derecho de enseñar y aprender, a la vez que establece como uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional el desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Con esta iniciativa el gobierno nacional se propone revalorizar la escuela pública transformándola en el eje central de una política universal de inclusión digital de alcance federal para reducir las brechas digitales.
Los cambios de paradigmas dominantes son fracturas en los sistemas de ideas que prevalecen durante un contexto histórico determinado. En ciencias sociales, el término se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Claro esta que la aceptación del cambio suele ser un proceso complejo en el que la resistencia, o directamente el rechazo, juegan un rol importante.
El cambio de paradigma que supone el pase de lo físico y analógico hacia el mundo digital es parte de este fenómeno, que en la Administración Pública se conoce como la doctrina “Mc Namara”, así bautizada en honor a un fiel representante del estereotipo de la resistencia.
Esta doctrina, de amplia adhesión, consiste en que si una solución de gobierno electrónico va a implementarse, debe, no solo mejorar la performance del trámite tradicional que va a reemplazar, sino que además debe ser capaz de resolver todo desafío que emerja de la imaginación del funcionario responsable del área. Esto es, no sólo debe ser perfecta y omni-comprensiva de los problemas del presente, sino también dar respuesta a los eventuales imponderables del futuro.
Esta concepción pretende que la solución debe prever y resolver cosas que jamás se le pediría otros soportes, como el papel. De no poder garantizar 100% de seguridad, la teoría supone conservar el statu quo como lo más conveniente, generando así la parálisis o la postergación sine die de la puesta en producción de cualquier solución. En este sentido, decimos que la doctrina Mc Namara es tributaria de la filosofía de Parménides, donde el cambio no era valorado como un proceso de acercamiento a la verdad.
A prueba de los resultados, de a poco, se puede “evangelizar” a quienes adhieren a la doctrina, pero la transformación no es tan sencilla. Para que un nuevo paradigma pueda convertirse en dominante necesita de llíderes sociales que lo introduzcan y promuevan, agencias gubernamentales que lo oficialicen, profesionales que lo discutan y mejoren, educadores que lo propaguen y recursos financieros que permitan tanto la investigación como la implementación de proyectos.
El Derecho. El acceso a la información
Miles de veces hemos escuchado girar largas conversaciones sobre brecha digital. Que hay que proveer importantes grados de información, que el derecho a la información es un derecho inherente al ciudadano, ¿podríamos decir un derecho humano?
El Estado argentino es responsable y guardián de educar al soberano y esto, más allá de la importancia de la educación, conlleva un fuerte componente de formación e información.
En otras épocas toda la información se concentraba y generaba en los centros de poder del mundo, produciendo una visión parcial de los hechos cotidianos en la vida de las personas, y que podríamos llamar “La Historia Oficial” o, como fue llamada durante siglos: Cultura.
Hoy las tecnologías de la información han alcanzado un grado tal de popularidad, lamentablemente no podemos llamar socialización, que la producción de contenidos se ha masificado generando una “contracultura” fácil de conseguir y diseminada en miles de terabytes disponibles en Internet.
¿Por qué exponemos el ejemplo de contracultura? Porque hasta hace poco sólo podíamos escuchar una canción de los intérpretes consagrados, los que fueron publicados por la cultura oficial. Pero hoy podemos escuchar miles de canciones de autores no publicados por la cultura oficial, sino por ellos mismos generando un marco contracultural riquísimo para las generaciones futuras.
La popularidad de las TI aportan a una concepción más completa de la cultura, de la información, específicamente, del conocimiento y el saber. Esto ha hecho que se vuelva imprescindible generar la infraestructura necesaria y fomentar su acceso a para que la ciudadanía argentina aprehenda este conocimiento.
Las Empresas. El interés económico
A partir de la década del ’90, y en el marco de la reforma del Estado, las telecomunicaciones están en poder de empresas privadas internacionales. La infraestructura de telecomunicaciones de medio país está en manos de una empresa y el resto en manos de otra.
La empresa privada tiene como fin el lucro y no el bien social.
El régimen de inversiones en telecomunicaciones de estas empresas se basan en factores como la mayor densidad poblacional, la posición socioeconómica de los habitantes de la zona y otros elementos, muy razonables desde lo económico pero poco útiles para la inclusión social.
Por ese motivo, es fácil notar que las empresas no brindan los mismos servicios en una zona que en otra, generando desigualdades que chocan con los principios de universalidad.
Podríamos afirmar que más allá de los grandes centros urbanos y sus respectivas periferias es bastante acotada la presencia de las telecomunicaciones en un país tan amplio territorialmente como el nuestro.
Amplios zonas geográficas del país tienen poca o nula comunicación y consideramos que más allá de cómo se estructure la parte técnica es responsabilidad del Estado nacional brindar esa cobertura.
El Estado. El interventor
El Estado nacional y los Estados provinciales son los principales consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Las ventas de este recurso al sector público oscilan entre el 24% y el 27% de la facturación anual de las empresas del sector.
Si esas compras del sector público fueran hechas en conjunto, por una empresa o ente nacional, a tarifas diferenciales por volumen, producirían una importante reducción de costos para el Estado. A su vez, esos beneficios económicos podrían ser volcados en planes de telefonía social e Internet accesibles para todos a un bajo costo comparativo, gracias las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información en la actualidad.
Fenómenos como telefonía digital, servicios multimediales, televisión digital y otros alcanzarían a los sectores menos favorecidos de nuestro país ya sea por situaciones geográficas o económico sociales.
Incrementar la presencia del Estado en los sectores donde la empresa privada no apoya o no invierte sería una forma de universalizar el derecho a la información. Aportando la infraestructura allí donde no estaba y llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho a la información.
Asumiendo así una forma más acabada y actual del derecho a la educación.
Consideramos que dadas las razones precedentes es hora de tomar intervención en el tema comunicaciones generando un ente o empresa nacional que arbitre los medios necesarios y de cuerpo a la universalidad de este derecho ciudadano.
La inminente realización del Congreso Nacional de Administración Pública en San Juan, resulta el ámbito ideal para poner en un lugar central del debate los problemas de la Interoperabilidad de los Sistemas y las Bases de Datos de las Administraciones Públicas en todos sus niveles, sean estos municipales, provinciales o nacionales.
No es un tema tecnológico, sino una problemática profundamente social que involucra no sólo la viabilidad a futuro de los servicios públicos básicos, sino además la calidad de la gestión pública y su relación con los ciudadanos.
Y dado que el CNAP es un foro de madura tradición que convoca todos los niveles y tamaños de las administraciones públicas, parece pertinente que se atienda prioritariamente un tema que afecta a ese conjunto de manera específica, especialmente tomando en cuenta que la convocatoria al Congreso alude expresamente a la coordinación de los niveles, ya que se hace bajo el lema: “La Administración Pública y la Cuestión Federal: la red Nación, Provincias y Municipios”.
La red. De eso se trata, y para ser tal, necesita, en los tiempos que corren, de sistemas tecnológicos asociados que hagan realidad el paradigma de un Estado único.
El sector público está pasando por una etapa de innovaciones y modernización en la gestión, entre otras cosas, impulsada por la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Como la era del ajuste fiscal parece pertenecer (hasta nuevo aviso) al pasado, y sin prejuicio de las restricciones que puedan venir derivadas del cataclismo financiero internacional, el Estado ha dispuesto, en los últimos 5 años, de fondos para incorporar infraestructura informática en sus administraciones.
Pero hay algo que se parece a un verdadero muro, que se ha construido imperceptiblemente, y que actúa como barrera para el cumplimiento de objetivos innovadores en materia de gestión gubernamental.
Se trata de la indisponibilidad de datos que se generan en distintos niveles de las administraciones. Por ejemplo, los datos de identificación de las personas, que tienen además asociado el carácter de alta sensibilidad protegido por la Ley.
Pero lo cierto es que esos datos se generan en los Registros Civiles, provinciales y municipales de todo el país. Si ya resulta compleja la relación de los mismos con el Registro Nacional de las Personas, a quien la Ley asigna la emisión de los DNI, mucho mas compleja es esa relación con el resto del sector público.
¿Podemos otorgar beneficios previsionales sin acceso a esa información? ¿O acaso controlar debidamente los procesos tributarios sin la misma? ¿Y el resto de la seguridad social? ¿O los planes sociales y los vinculados con la promoción del empleo? Estamos mencionando los casos de servicios que son del ámbito nacional ya que dependen en este caso de información generada en niveles locales. Pero lo mismo sucede a la inversa, cuando las Provincias se ven con la imposibilidad de contar de manera fluida con la información que generan los organismos nacionales.
Pues la respuesta es que sí podemos dar esos beneficios. De hecho los damos. Pero debiéramos tomar conciencia de que lo podemos hacer porque hemos cambiado el rol de los ciudadanos argentinos, transformándolos en cadetes de la administración pública y alejándolos de su natural situación de “beneficiarios”.
Los datos que una oficina pública genera, solo son incorporados por las restantes en procesos reiterativos donde el protagonista es el beneficiario, que es quien se ve obligado a “acarrear” esos datos en la forma de documentos, certificados y constancias de una ventanilla a la otra.
O acaso un jubilado que tiene concedido por ley de la Provincia de Buenos Aires la excensión del impuesto inmobiliario, con el sólo requisito de ganar la mínima y poseer un único inmueble cuyo valor no supere determinado monto, no debe peregrinar para conseguir el beneficio por el Registro Inmobiliario, ANSES, Catastro y Rentas de la Provincia? Cuantos meses lleva ese trámite? Cuanto cuesta? En tiempo y en dinero?
La interoperabilidad es uno de los factores clave que puede derribar estas barreras, resolviendo la disparidad de diseño de bases de datos, motores de búsqueda y programas, y el proceso de agregación desordenada de la información.
Pero aún de resolverse estas cuestiones técnicas, quedará el paso más complejo, que pasa por quebrar la cultura imperante en las burocracias “generadoras” de la información, que se resisten a compartirla bajo el principio de que la información es poder.
No advierten suficientemente que “el poder”, si está en algún lado, es en el control del flujo de nueva información generada y su utilización para resolver las necesidades de los ciudadanos, mas que en la mera acumulación de un “stock” de información inútil.
Debemos hacer un esfuerzo enorme para revertir esta situación. Se trata, a fin de cuentas, de cumplir con uno de los roles del Estado, y es también la oportunidad para que la ciudadanía “sienta” que el Estado está finalmente de su lado.
La Secretaría de Gabinete y de la Gestión Pública de la Nación ha avanzado durante 2007 y 2008 en la búsqueda de estándares de interoperabilidad que permitan la construcción y reconstrucción de la información de modo provechoso para el estado y los ciudadanos.
Necesitamos una administración inteligente que les solicite una sola vez sus datos personales a los ciudadanos y que luego, compartiendo los mismos, sea capaz de otorgar automáticamente los beneficios que la Ley prevé.
Necesitamos que las ventanillas de captura de trámites sean vistas por los ciudadanos como una ventanilla única. No debemos exigir a la gente que sepa qué servicio es de origen o responsabilidad municipal, provincial o nacional.
Esto permitirá simplificar los trámites, evitar la aglomeración de público en nuestras oficinas, mejorar la calidad de nuestros servicios públicos, tener mayor seguridad en la información, unificar sistemas de control de identidad en los procesos y evitar los fraudes.
La interoperabilidad debe incluir por último un sistema unificado de control de claves de acceso a los sistemas. La clave tributaria debe ser aceptada por otros organismos distintos a la AFIP (que la emite) como identificación. Y lo mismo debe ocurrir con la clave de la seguridad social de ANSES o aquellas que están emitiendo las provincias.
No se trata de una emisión centralizada sino coordinada. Se trata de estándares de seguridad aceptados por todos y accesos controlados y seguros a las bases que permiten verificar la autenticidad de las mismas.
El desafío es enorme, pero estamos seguros que valdrá la pena.
Llamemos las cosas por su nombre. Esta no es simplemente la Era de la Información sino más bien la Era de la Información Digitalizada. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas de las transformaciones que sufrió la humanidad en el pasado fueron revoluciones de la información, tales como la invención de la Imprenta que aceleró la alfabetización y distribución del conocimiento, y la electricidad que abrió el camino a la invención del telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión.
Ahora es la revolución de la Información Digital la que amenaza con una transformación mucho más significativa, capaz de alterar los cimientos de la humanidad.
Las ventajas que trajeron las innovadoras técnicas digitales se resumen en: facilidad de diseño, alta capacidad para almacenar información, exactitud y precisión, automatización y, sobre todo, menos ruido, es decir, menos perturbación asociada con la información que resulta indeseable.
¿Cuál es el impacto potencial de lo digital en las políticas públicas? Variado: achicamiento del gasto público y, en consecuencia, baja de la presión tributaria; transparencia en la gestión pública, mayor control ciudadano de los actos del gobierno y novedosas maneras de participación, por mencionar algunos.
Frente a la mirada tecnocrática que ha pretendido incorrectamente que una administración eficiente conduce a un mejor gobierno y este a sociedades más prosperas, la Sociedad de la Información tal vez pueda ofrecer herramientas que hagan posible avanzar por el camino de la Gobernanza, entendida como una mayor intervención de entidades representativas del quehacer social en la resolución de las cuestiones públicas.
En lo que se refiere a la Calidad del Servicio Público las novedades que trae el Gobierno Electrónico son de una importancia fenomenal y pueden cambiar radicalmente la mirada de la sociedad sobre la capacidad del estado para brindar servicios.
Para que eso suceda es necesario que haya políticas públicas. En el caso latinoamericano no han sido ni abundantes ni totalmente acertadas. Se destacan la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el Decreto 378/05 del gobierno argentino estableciendo putas y fijando metas para todos los organismos públicos.
Le siguen las Reformas en la Administración. Aquí se trata fundamentalmente de cambios normativos y culturales.
Queda por mencionar que el gobierno electrónico requiere además de la parametrización de procesos; la automatización de los mismos y la mejora de la calidad de las bases de datos disponibles. Deberíamos tener una Ley Nacional que lo garantice.
Pregunta Paul Krugman cómo era la fábrica en la época de la máquina de vapor. Explica que una gran caldera la presidía en el sótano. De esa maquina infernal, que despedía un calor insoportable haciendo insalubre el ambiente, salía una biela que la unía con un volante del que salía otra biela y la conectaba con una máquina. A su vez, el volante de esa máquina conectaba a través de otra biela con otra máquina. La fábrica estaba cruzada en sus diversas plantas por hierros móviles que la convertían en una maraña.
Cuando aparece el motor eléctrico, la caldera fue reemplazada por un enorme motor de bobinado que movía las mismas bielas preexistentes.
Pregunta Krugman: ¿cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que se advirtió la verdadera ventaja de esta innovación? Ver que no sólo no despedía calor por su mayor eficiencia térmica, sino que se podía poner un motor del tamaño adecuado en cada máquina de la fábrica, eliminando en consecuencia los hierros y bielas móviles y reemplazándolos por delgados cables que llevaban electricidad La respuesta es unos 20 años.
La cultura de la época no permitió advertir de inmediato las ventajas de la nueva tecnología. Así esta ocurriendo también con las TIC`s. No sabemos todavía cuántos cambios de arquitectura, de mirada, y en definitiva qué modelo cultural y tecnológico permitirá maximizar las ventajas del nuevo paradigma.
Pablo A. Fontdevila
Claudio Sesto
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