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El Derecho. El acceso a la información
Miles de veces hemos escuchado girar largas conversaciones sobre brecha digital. Que hay que proveer importantes grados de información, que el derecho a la información es un derecho inherente al ciudadano, ¿podríamos decir un derecho humano?
El Estado argentino es responsable y guardián de educar al soberano y esto, más allá de la importancia de la educación, conlleva un fuerte componente de formación e información.
En otras épocas toda la información se concentraba y generaba en los centros de poder del mundo, produciendo una visión parcial de los hechos cotidianos en la vida de las personas, y que podríamos llamar “La Historia Oficial” o, como fue llamada durante siglos: Cultura.
Hoy las tecnologías de la información han alcanzado un grado tal de popularidad, lamentablemente no podemos llamar socialización, que la producción de contenidos se ha masificado generando una “contracultura” fácil de conseguir y diseminada en miles de terabytes disponibles en Internet.
¿Por qué exponemos el ejemplo de contracultura? Porque hasta hace poco sólo podíamos escuchar una canción de los intérpretes consagrados, los que fueron publicados por la cultura oficial. Pero hoy podemos escuchar miles de canciones de autores no publicados por la cultura oficial, sino por ellos mismos generando un marco contracultural riquísimo para las generaciones futuras.
La popularidad de las TI aportan a una concepción más completa de la cultura, de la información, específicamente, del conocimiento y el saber. Esto ha hecho que se vuelva imprescindible generar la infraestructura necesaria y fomentar su acceso a para que la ciudadanía argentina aprehenda este conocimiento.
Las Empresas. El interés económico
A partir de la década del ’90, y en el marco de la reforma del Estado, las telecomunicaciones están en poder de empresas privadas internacionales. La infraestructura de telecomunicaciones de medio país está en manos de una empresa y el resto en manos de otra.
La empresa privada tiene como fin el lucro y no el bien social.
El régimen de inversiones en telecomunicaciones de estas empresas se basan en factores como la mayor densidad poblacional, la posición socioeconómica de los habitantes de la zona y otros elementos, muy razonables desde lo económico pero poco útiles para la inclusión social.
Por ese motivo, es fácil notar que las empresas no brindan los mismos servicios en una zona que en otra, generando desigualdades que chocan con los principios de universalidad.
Podríamos afirmar que más allá de los grandes centros urbanos y sus respectivas periferias es bastante acotada la presencia de las telecomunicaciones en un país tan amplio territorialmente como el nuestro.
Amplios zonas geográficas del país tienen poca o nula comunicación y consideramos que más allá de cómo se estructure la parte técnica es responsabilidad del Estado nacional brindar esa cobertura.
El Estado. El interventor
El Estado nacional y los Estados provinciales son los principales consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Las ventas de este recurso al sector público oscilan entre el 24% y el 27% de la facturación anual de las empresas del sector.
Si esas compras del sector público fueran hechas en conjunto, por una empresa o ente nacional, a tarifas diferenciales por volumen, producirían una importante reducción de costos para el Estado. A su vez, esos beneficios económicos podrían ser volcados en planes de telefonía social e Internet accesibles para todos a un bajo costo comparativo, gracias las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información en la actualidad.
Fenómenos como telefonía digital, servicios multimediales, televisión digital y otros alcanzarían a los sectores menos favorecidos de nuestro país ya sea por situaciones geográficas o económico sociales.
Incrementar la presencia del Estado en los sectores donde la empresa privada no apoya o no invierte sería una forma de universalizar el derecho a la información. Aportando la infraestructura allí donde no estaba y llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho a la información.
Asumiendo así una forma más acabada y actual del derecho a la educación.
Consideramos que dadas las razones precedentes es hora de tomar intervención en el tema comunicaciones generando un ente o empresa nacional que arbitre los medios necesarios y de cuerpo a la universalidad de este derecho ciudadano.
Firma del convenio entre la municipalidad de Tigre y el instituto Ortega y Gasset
La formación de recursos humanos para el Sector Público tiene un motivo para celebrar. El pasado 15 de junio el municipio de Tigre, la Fundación Universitaria del Delta y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset firmaron un convenio de colaboración para la creación de una universidad en el Delta.
En momentos donde la educación pública no está tan atendida como debiera, la creación de esta casa de altos estudios es una excelente iniciativa para fortalecer la capacidad de gestión del estado en materia de políticas educativas de niveles superiores.
Además, de alguna forma, se trata de un proyecto del Estado para el Estado, como de autogeneración, porque entre sus objetivos centrales esta la de ofrecer preparación de excelencia a quienes quieran desempeñarse en la gestión pública.
Se trata de un convenio singular ya que es el primero que se celebra entre un Municipio y un Instituto de alto prestigio con una corresponsabilidad entre España y Argentina para la formulación de un proyecto universitario.
El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset se ha comprometido a aportar el respaldo académico necesario para llevar adelante la institución, tanto a través de experiencia en el diseño y desarrollo de programas de estudio, como con la contribución de su cuerpo de docente.
Con tanta proliferación de escuelas de negocios, resulta entusiasta e incentivador ampliar la oferta educativa sobre un campo que es fundamental para el crecimiento de un país como es la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
En un país que está ávido de cimientos firmes es momento de prestar mayor atención a la formación de los funcionarios estatales porque alrededor de sus ideas y conductas se construye una nación.
Pablo A. Fontdevila
Claudio Sesto
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