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El Derecho. El acceso a la información
Miles de veces hemos escuchado girar largas conversaciones sobre brecha digital. Que hay que proveer importantes grados de información, que el derecho a la información es un derecho inherente al ciudadano, ¿podríamos decir un derecho humano?
El Estado argentino es responsable y guardián de educar al soberano y esto, más allá de la importancia de la educación, conlleva un fuerte componente de formación e información.
En otras épocas toda la información se concentraba y generaba en los centros de poder del mundo, produciendo una visión parcial de los hechos cotidianos en la vida de las personas, y que podríamos llamar “La Historia Oficial” o, como fue llamada durante siglos: Cultura.
Hoy las tecnologías de la información han alcanzado un grado tal de popularidad, lamentablemente no podemos llamar socialización, que la producción de contenidos se ha masificado generando una “contracultura” fácil de conseguir y diseminada en miles de terabytes disponibles en Internet.
¿Por qué exponemos el ejemplo de contracultura? Porque hasta hace poco sólo podíamos escuchar una canción de los intérpretes consagrados, los que fueron publicados por la cultura oficial. Pero hoy podemos escuchar miles de canciones de autores no publicados por la cultura oficial, sino por ellos mismos generando un marco contracultural riquísimo para las generaciones futuras.
La popularidad de las TI aportan a una concepción más completa de la cultura, de la información, específicamente, del conocimiento y el saber. Esto ha hecho que se vuelva imprescindible generar la infraestructura necesaria y fomentar su acceso a para que la ciudadanía argentina aprehenda este conocimiento.
Las Empresas. El interés económico
A partir de la década del ’90, y en el marco de la reforma del Estado, las telecomunicaciones están en poder de empresas privadas internacionales. La infraestructura de telecomunicaciones de medio país está en manos de una empresa y el resto en manos de otra.
La empresa privada tiene como fin el lucro y no el bien social.
El régimen de inversiones en telecomunicaciones de estas empresas se basan en factores como la mayor densidad poblacional, la posición socioeconómica de los habitantes de la zona y otros elementos, muy razonables desde lo económico pero poco útiles para la inclusión social.
Por ese motivo, es fácil notar que las empresas no brindan los mismos servicios en una zona que en otra, generando desigualdades que chocan con los principios de universalidad.
Podríamos afirmar que más allá de los grandes centros urbanos y sus respectivas periferias es bastante acotada la presencia de las telecomunicaciones en un país tan amplio territorialmente como el nuestro.
Amplios zonas geográficas del país tienen poca o nula comunicación y consideramos que más allá de cómo se estructure la parte técnica es responsabilidad del Estado nacional brindar esa cobertura.
El Estado. El interventor
El Estado nacional y los Estados provinciales son los principales consumidores de los servicios de telecomunicaciones. Las ventas de este recurso al sector público oscilan entre el 24% y el 27% de la facturación anual de las empresas del sector.
Si esas compras del sector público fueran hechas en conjunto, por una empresa o ente nacional, a tarifas diferenciales por volumen, producirían una importante reducción de costos para el Estado. A su vez, esos beneficios económicos podrían ser volcados en planes de telefonía social e Internet accesibles para todos a un bajo costo comparativo, gracias las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información en la actualidad.
Fenómenos como telefonía digital, servicios multimediales, televisión digital y otros alcanzarían a los sectores menos favorecidos de nuestro país ya sea por situaciones geográficas o económico sociales.
Incrementar la presencia del Estado en los sectores donde la empresa privada no apoya o no invierte sería una forma de universalizar el derecho a la información. Aportando la infraestructura allí donde no estaba y llamando a la ciudadanía a ejercer su derecho a la información.
Asumiendo así una forma más acabada y actual del derecho a la educación.
Consideramos que dadas las razones precedentes es hora de tomar intervención en el tema comunicaciones generando un ente o empresa nacional que arbitre los medios necesarios y de cuerpo a la universalidad de este derecho ciudadano.
Apuntes sobre Innovación y Tecnología en la Gestión Pública es un espacio creado para compartir ideas y reflexionar acerca del rol que juegan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer del Estado un organismo eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía.
Abordando temas relacionados con e-gov, e-administración, e-democracia, inclusión y ciudadanía, este espacio tiene por objetivo abrir el diálogo, ser una hoja en blanco donde aquellos que lo quieran, puedan opinar y plantear temas de interés.
Pablo A. Fontdevila
Claudio Sesto
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